Corea del Sur atraviesa una de sus mayores crisis políticas en décadas con el juicio político al presidente suspendido Yoon Suk Yeol, quien permanece refugiado en su residencia en Seúl para evitar el arresto en una investigación criminal que lo acusa de insurrección y abuso de poder.
Desde diciembre, cuando declaró brevemente la ley marcial, Yoon ha estado bajo escrutinio, enfrentando el rechazo de legisladores que aprobaron su destitución y el inicio de un juicio por parte del Tribunal Constitucional.
Mientras tanto, un muro humano de simpatizantes y elementos de seguridad rodean su residencia, complicando el intento de las autoridades por ejecutar la orden de arresto.
El Tribunal Constitucional comenzará las audiencias esta semana para decidir sobre la destitución definitiva de Yoon, mientras las investigaciones anticorrupción avanzan. Si se confirma el impeachment, Corea del Sur deberá convocar a nuevas elecciones presidenciales en un plazo de 60 días.
Yoon, quien asegura que las acusaciones son un ataque político, se niega a colaborar con las citaciones y ha presentado denuncias contra las autoridades que intentaron detenerlo.
En medio de esta turbulencia, el país enfrenta incertidumbre política y posibles implicaciones legales para sus instituciones de seguridad y justicia.
