Elon Musk, CEO de Tesla, adquirió terrenos en Santa Catarina, Nuevo León, para la construcción de una Gigafactory. Sin embargo, las tierras, que abarcan más de 1,194 hectáreas y fueron compradas por más de 100 millones de dólares, están en litigio desde hace 20 años.
María de los Ángeles García Jiménez y sus siete hermanos aseguran ser los dueños legítimos de los terrenos y acusan a la familia Garza Ayala de venderlos ilegalmente. Según García Jiménez, poseen documentos que respaldan su reclamo, incluyendo escrituras, testamentos y comprobantes del pago de impuesto predial durante cinco décadas.
Además, denuncian que funcionarios del Instituto Registral y Catastral de Nuevo León habrían alterado los registros para despojarlos de la propiedad. En 2019, la familia inició un juicio contra exdirectores del Catastro y otros implicados, pero hasta ahora no han recibido una resolución favorable.
También aseguran haber sufrido amenazas y ataques en el pasado por parte de los Garza Ayala, lo que obligó a su padre a mudarlos a Apodaca, aunque continuaron pagando los impuestos del rancho Carvajal.
García Jiménez ha enviado cartas a Musk y al gobernador Samuel García para informarles del presunto fraude, pero hasta ahora no ha recibido respuesta. Aunque insiste en que no tiene conflicto con Musk, exige que se le pague a su familia por las tierras que asegura les pertenecen.
Este conflicto legal podría retrasar la construcción de la Gigafactory de Tesla en Nuevo León, un proyecto clave para la expansión de la empresa en América Latina. Además, pone en evidencia posibles actos de corrupción dentro del gobierno estatal en el manejo de registros de propiedad.
Por su parte, el gobernador Samuel García confirmó que el proyecto de Tesla sigue en pausa.
