La familia Hernández García, originaria de Texas, fue deportada a México el 4 de febrero, tras ser detenida en la frontera. Su hija de 10 años, Sara, quien padece cáncer y fue operada de un tumor cerebral el año anterior, no pudo recibir la atención médica que necesitaba debido a su expulsión. A pesar de contar con la documentación médica que justificaba su desplazamiento, los agentes de la Patrulla Fronteriza no les permitieron continuar y les ofrecieron dos opciones imposibles: que los menores se quedaran bajo custodia del Estado o que todos fueran deportados.
El proceso de deportación de la familia ha sido cuestionado por organizaciones como el Texas Civil Rights Project, que denuncian el trato inhumano y la falta de acceso a un juez de inmigración. Además, la familia había vivido más de una década en EE. UU., trabajando y criando a sus hijos, quienes son ciudadanos estadounidenses por nacimiento. La situación de la niña, que requiere tratamiento urgente, ha generado preocupación por su salud y bienestar, ya que en México no tiene acceso al tratamiento especializado que necesita.
Este caso refleja un patrón de separaciones familiares y abusos en la política de inmigración de la administración Trump. Las políticas de deportación acelerada han provocado que muchas familias, como los Hernández García, sean expulsadas sin la oportunidad de defender su caso ante un juez. La familia sigue luchando por reunirse con su hijo mayor, Fernando, y por obtener el tratamiento necesario para Sara, mientras la comunidad inmigrante busca apoyo legal y aboga por una reforma en el sistema de inmigración.
