El gobierno de Javier Milei ha desatado una gran controversia en Argentina tras utilizar términos ofensivos como “idiota”, “imbécil” y “retardado” para clasificar a personas con discapacidad intelectual en un documento oficial.
La Resolución 187/2025, emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), establece criterios para clasificar los grados de discapacidad a partir de los cuales se determinará la entrega o no de pensiones a quienes las soliciten.
La resolución ha sido severamente criticada por organizaciones de derechos humanos, que denuncian el uso de una terminología obsoleta y despectiva, además de un enfoque que podría afectar a más de 200,000 personas que dependen de estas pensiones.
En la resolución, que utiliza pruebas de Coeficiente Intelectual (CI) para clasificar a las personas, los términos “idiota” e “imbécil” se utilizan para agrupar a quienes tienen discapacidad cognitiva o psíquica.
Diversas organizaciones, como la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), han expresado su repudio, afirmando que esta clasificación no solo es un retroceso en términos de inclusión y respeto, sino que también atenta contra los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Ante la ola de críticas, el gobierno de Javier Milei ha anunciado su intención de modificar el texto de la norma.
