En una operación conjunta realizada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), se aseguraron 10 millones de litros de diésel, armas y vehículos en el puerto de Tampico, Tamaulipas. El operativo se llevó a cabo tras labores de inteligencia que identificaron un buque presuntamente cargado con aditivos para aceites lubricantes, el cual fue interceptado el 19 de marzo. Además, se realizaron cateos en predios de Altamira, donde se aseguraron 192 contenedores, 23 tractocamiones con remolque, seis sin remolque, camionetas tipo pick-up y material diverso.
La operación también permitió el decomiso de dos armas cortas, cargadores abastecidos, 84 cartuchos de diferentes calibres y documentación. En un predio de Altamira se incautaron 18 cartuchos de arma corta y más documentos. Estas acciones buscan desarticular redes de tráfico ilegal de hidrocarburos en la región, un problema que ha persistido durante años y que, según señalamientos, involucró a personajes ligados al exadministrador de la Aduana de Reynosa, Julio Carmona, y a figuras políticas de alto perfil como Ricardo Peralta Saucedo, Mario Delgado Carrillo y el senador José Ramón Gómez Leal.
La operación genera interrogantes sobre si se trata de un esfuerzo genuino por combatir el tráfico de combustible o si refleja un cambio de mando en el control del huachicol en Tamaulipas. Críticos sugieren que estas acciones podrían estar vinculadas a una reestructuración del poder en lugar de un combate real al crimen organizado. La situación plantea dudas sobre el alcance de la actual administración federal en su lucha contra el crimen y si logrará erradicar las estructuras de corrupción que han permitido el tráfico de hidrocarburos durante años.
