El Gobierno de Nuevo León se deslindó completamente de la compra de los terrenos destinados a la Gigafactory de Tesla, aclarando que la transacción fue realizada entre particulares sin la intervención del estado. Emmanuel Loo, encargado de la Secretaría de Economía estatal, explicó que la empresa de Elon Musk cumplió con todos los procedimientos legales correspondientes antes de adquirir los terrenos, y que la adquisición de los mismos fue legítima. “No creemos que haya ningún problema con la adquisición”, enfatizó el funcionario, refiriéndose a los títulos de propiedad y a la compra de los predios.
A pesar de este deslinde, la venta de los terrenos está siendo impugnada por María de los Ángeles García, viuda de Bryant, quien asegura que su familia fue despojada ilegalmente de una parte de los terrenos vendidos a Tesla en 2023. García y su familia habían presentado un juicio contencioso administrativo en 2019, antes de la compra por parte de Tesla, en el que alegan que durante la administración del entonces gobernador Jaime Rodríguez Calderón, funcionarios del gobierno estatal eliminaron registros catastrales del rancho El Carvajal, ubicado en el municipio de Santa Catarina.
García presentó documentos que acreditan que los terrenos eran propiedad de sus tíos-abuelos, quienes pagaron impuestos prediales por el predio durante más de 80 años. En 2023, Tesla compró 1,194 hectáreas de esos terrenos por casi 100 millones de dólares. La afectada asegura que la venta fue ilegal y ha enviado cartas tanto a Elon Musk como al gobernador Samuel García para alertarlos sobre el caso.
Pese a las acusaciones, el Gobierno de Nuevo León mantiene su postura de que la venta fue legal y que Tesla cumplió con todos los requisitos necesarios.
