China ejecutó a cuatro ciudadanos canadienses acusados de narcotráfico, lo que generó una fuerte condena por parte del gobierno de Canadá. La ministra de Asuntos Exteriores, Mélanie Joly, expresó su rechazo a la pena de muerte y aseguró que su país continuará buscando clemencia en casos similares. Aunque no se revelaron las identidades de los ejecutados por respeto a sus familias, Joly y el ex primer ministro Justin Trudeau intervinieron previamente en los casos sin éxito.
La embajada china en Ottawa defendió las ejecuciones, señalando que se llevaron a cabo conforme a la ley y que las pruebas contra los acusados eran contundentes. Además, instaron a Canadá a respetar la soberanía judicial de China y evitar declaraciones que afecten las relaciones bilaterales. La postura de China refuerza su política de “tolerancia cero” contra los delitos relacionados con drogas, mientras que Canadá mantiene su oposición a la pena de muerte en cualquier circunstancia.
Este incidente agrava aún más las tensas relaciones entre ambos países, las cuales se han visto afectadas por varios conflictos diplomáticos en los últimos años. En un caso relacionado, Canadá sigue abogando por la clemencia de Robert Schellenberg, condenado a muerte en 2019 por contrabando de drogas. Mientras tanto, líderes políticos canadienses critican las ejecuciones y acusan a China de tener un sistema judicial altamente politizado.
