El Congreso de Nuevo León aprobó la creación del Registro Estatal de Deudores Alimentarios, una herramienta que ya está en operación y que busca combatir el incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias. La medida aplica sanciones legales y administrativas a quienes presenten adeudos superiores a 90 días, incluyendo restricciones como la imposibilidad de contraer matrimonio civil, limitaciones para tramitar licencias de conducir y pasaportes, prohibición para aspirar a cargos públicos o participar en concursos, así como obstáculos para registrar bienes, realizar operaciones notariales y llevar a cabo trámites ante Control Vehicular.

El registro será administrado por el Poder Judicial en coordinación con el DIF estatal y tiene como objetivo garantizar que las obligaciones familiares se cumplan, además de visibilizar públicamente a quienes incumplen. Cualquier persona que necesite realizar trámites estatales o federales deberá presentar un certificado gratuito que acredite estar al corriente con sus pagos. Asimismo, los nombres de los deudores, los montos pendientes y las resoluciones judiciales serán públicos, conforme a la Ley de Protección de Datos Personales, y la información se compartirá con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, extendiendo su alcance a nivel nacional.

Con esta medida, se pretende cerrar años de impunidad y ofrecer un mecanismo de protección para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Las autoridades estatales ya trabajan en la interconexión técnica entre el Poder Judicial y el DIF para facilitar el intercambio de información y la emisión de certificados digitales. Este registro surge como resultado de años de trabajo legislativo y social, respondiendo a una demanda histórica de familias que enfrentan el incumplimiento de obligaciones alimentarias y representa un avance en la protección de los derechos de la infancia en Nuevo León.