Un tribunal de apelación en el norte de Suecia decidió no expulsar a un hombre condenado por violar a una menor de 16 años, generando polémica y críticas contra el sistema judicial del país. El acusado, un ciudadano eritreo e inmigrante ilegal llamado Yezied Mohamed, había sido sentenciado a tres años de prisión por el delito ocurrido en Skellefteå el 1 de septiembre de 2024. Según el tribunal, aunque el crimen fue grave, no alcanzaba el umbral para justificar la deportación debido a su naturaleza y la breve duración del acto.

El caso provocó la reacción del primer ministro Ulf Kristersson y del ministro de Migración Johan Forssell, quienes anunciaron su intención de endurecer las leyes de deportación. El gobierno planea implementar normas más estrictas que permitan expulsar a un mayor número de extranjeros condenados por delitos graves y revisar los convenios internacionales que dificultan estas medidas, con el objetivo de priorizar la seguridad de las víctimas y garantizar su justicia y dignidad.

Mohamed había sido inicialmente absuelto por un tribunal de distrito por falta de pruebas, pero la apelación confirmó su responsabilidad basándose en coincidencias con la descripción de la víctima y un testigo, así como evidencia forense que lo situaba en la escena. Además de la pena de prisión, se le ordenó pagar aproximadamente 25.600 dólares por daños y perjuicios. La decisión judicial de no deportarlo, considerando factores como la duración del ataque, generó indignación pública y discusión nacional sobre la protección de víctimas, la inmigración y la eficacia del sistema legal sueco.