Una reciente modificación al Código Fiscal de la Ciudad de México ha desatado polémica, especialmente en torno a las responsabilidades de los propietarios sobre sus viviendas.

Desde diciembre del año pasado, se establece que los dueños de propiedades con un valor superior a 4.5 millones de pesos deberán informar sobre el estado de sus inmuebles, incluyendo si están ocupados, desocupados, arrendados o la identidad de quienes viven en ellos.

La medida ha generado preocupación en sectores de la oposición, como Diego Garrido, coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México quienes acusan al gobierno local de vulnerar la privacidad y de buscar un mayor control social.

Además, alertan que no proporcionar esta información podría implicar multas de hasta 10,000 pesos.

El PAN ha calificado la reforma como un intento de ataque contra la propiedad privada y teme que, en el futuro, se pueda justificar la expropiación de inmuebles para proyectos de vivienda social.