En los últimos 15 años, más de 50 funcionarios de diversos niveles de gobierno en México, incluidos diputados, senadores y gobernadores, han viajado a la Ciudad del Vaticano con recursos públicos, argumentando que se trataba de viajes diplomáticos, actividades culturales o misiones de promoción. Estos viajes, que incluyen encuentros con el Papa, han sido justificadas bajo pretextos como la búsqueda de inversiones o la promoción del turismo religioso.

A pesar de que el sistema político mexicano está regido por un Estado laico, varios gobernantes han aprovechado sus cargos para reunirse con el Papa, destacando visitas como las de José Reyes Baeza, exgobernador de Chihuahua, y Juan Manuel Oliva, exgobernador de Guanajuato, entre otros. Los costos de estos viajes varían entre 30 mil y 650 mil pesos por viaje, dependiendo de la cantidad de acompañantes.

En los últimos años, las administraciones federales y estatales han registrado más de 60 viajes a Roma, muchos de ellos enfocados en la promoción del estado, la atracción de inversiones y la exposición de problemáticas nacionales. A pesar de las justificaciones oficiales, la transparencia sobre estos gastos ha sido limitada, ya que no existe legislación que obligue a los gobiernos estatales y municipales a informar de manera clara sobre estos desplazamientos.

En redes sociales, varios de estos funcionarios han compartido fotos y mensajes relacionados con su encuentro con el Papa, lo que ha generado debate sobre el uso de recursos públicos en este tipo de actividades. Los viajes al Vaticano han sido especialmente controversiales cuando se han vinculado con la promoción de eventos como la “Navidad Mexicana en el Vaticano”, donde los gobiernos de estados como Quintana Roo, Campeche y Puebla han destinado recursos públicos.