El gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, impulsa una nueva medida migratoria que busca negar visas a mujeres embarazadas cuyo objetivo sea dar a luz en territorio estadounidense. Esta práctica, conocida como “turismo de parto”, ha sido calificada como un abuso del sistema migratorio por parte de autoridades estadounidenses, quienes aseguran que se trata de un intento deliberado por asegurar la ciudadanía para los bebés nacidos en E.U.

La medida forma parte de una ofensiva más amplia de la administración republicana para endurecer el acceso a la ciudadanía estadounidense, incluyendo una polémica propuesta para eliminar el derecho al “jus soli”, es decir, el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Aunque esta última propuesta está siendo revisada por la Corte Suprema, los consulados ya comenzaron a aplicar filtros más estrictos a mujeres embarazadas durante sus entrevistas para la obtención de visa.

Críticos consideran que estas políticas discriminan y criminalizan a personas en situación vulnerable, bajo un discurso nacionalista que busca endurecer aún más el sistema migratorio. La decisión también afecta directamente a mujeres latinoamericanas, especialmente mexicanas, que en algunos casos buscan atención médica más segura o mejores condiciones para el nacimiento de sus hijos. Mientras tanto, el debate legal y político sobre esta iniciativa continúa en la Suprema Corte.