Un caso inusual de deportación ocurrió cuando el gobierno de Estados Unidos, durante la administración de Donald Trump, expulsó a un ciudadano mexicano, Jesús Muñoz Gutiérrez, a Sudán del Sur, en África oriental. La deportación fue calificada como una acción “sin precedentes” por las propias autoridades estadounidenses, y se presume que México se negó a recibir al individuo, quien estaba acusado de cometer crímenes graves.

Junto a Muñoz, fueron deportados otros siete extranjeros originarios de Myanmar, Cuba, Laos, Vietnam y Sudán del Sur, todos descritos por el Departamento de Seguridad Interna (DHS) como personas responsables de actos “monstruosos y bárbaros”. Según el DHS, ningún país estaba dispuesto a aceptar a los expulsados, hasta que lograron que Sudán del Sur aceptara recibirlos.

La medida fue cuestionada judicialmente. El juez federal Brian E. Murphy exigió al gobierno de Trump mantener bajo custodia a los deportados hasta revisar si se cumplieron los procedimientos legales en sus casos. La deportación generó controversia, especialmente por el aparente rechazo de México a recibir a su propio connacional y por la falta de claridad sobre el respeto al debido proceso.