Una consulta a nivel nacional evidenció que cerca del 67 por ciento de las empresas no está de acuerdo con acortar la semana laboral a 40 horas. La mayoría argumenta que este cambio tendría un impacto negativo directo en sus operaciones, ya que el 71.4 por ciento de los participantes anticipa un aumento considerable en los costos laborales.

Ante este panorama, Esperanza Ortega Azar, presidenta de Canacintra, y Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servytur, plantearon que la transición hacia una jornada laboral de 40 horas se realice de forma gradual y con metas definidas hasta el año 2030. Esta propuesta contempla una ruta diferenciada según el tamaño y sector de cada empresa, acompañada de incentivos fiscales y tecnológicos, así como la creación de un observatorio para monitorear el proceso de implementación.

El perfil de las empresas encuestadas muestra que la mayoría son micro y pequeñas, con menos de 50 trabajadores. Entre las preocupaciones más destacadas está el temor a un incremento en la informalidad laboral —que ya afecta al 55 por ciento de la población ocupada en México— y el cierre de unidades económicas, especialmente en sectores como el comercio minorista en la Ciudad de México, donde Ada Irma Cruz, presidenta de la Canacope CDMX, advierte que más de 22 mil negocios podrían desaparecer si la reforma se impone de forma generalizada sin contemplar las limitaciones estructurales que enfrentan estos negocios.