El Congreso de Nuevo León solicitó un informe detallado al Instituto Registral y Catastral del Estado sobre la situación legal de los terrenos destinados al proyecto de Tesla en Santa Catarina. Esta acción surge tras reportajes que revelaron un conflicto legal en el que una ciudadana estadounidense afirma que parte de terreno esoss fueron despojados ilegalmente a su familia. El diputado Miguel Lechuga, presidente de la Comisión de Infraestructura, encabezó la solicitud de aclaración.

Aunque la posible instalación de una Gigafactory de Tesla en Nuevo León ha generado grandes expectativas económicas, el caso ha desatado preocupaciones sobre la legalidad de la transacción. El gobierno estatal se deslindó del conflicto alegando que fue una compraventa entre particulares y que Tesla actuó conforme a la ley. Sin embargo, el caso se suma a una serie de denuncias sobre fraudes inmobiliarios en la región, lo que ha provocado una nueva controversia en el estado.

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