Un reciente informe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) indica que durante el último año fiscal se deportó a 271,484 inmigrantes, la cifra más elevada desde 2014. Este incremento se produjo a pesar de que el presidente Joe Biden había establecido pautas destinadas a disminuir las acciones de cumplimiento migratorio para enfocarse en personas que representaran riesgos a la seguridad nacional, fronteriza o pública.
La mayoría de las deportaciones correspondió a individuos que ingresaron ilegalmente por la frontera con México, reflejando el desafío que enfrentó el Gobierno a lo largo de la frontera sur en medio de un repunte migratorio global. El periodo analizado, que abarca del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre, registró un volumen que supera el de los dos años previos de la actual administración, con envíos a cerca de 200 países distintos.
Además, los datos muestran que alrededor del 32% de las personas deportadas presentaban antecedentes penales. El ICE detuvo a 113,431 inmigrantes, cifra menor al año anterior; de ellos, 81,312 tenían condenas previas o cargos penales pendientes.
Se calcula que en Estados Unidos hay unas 1.4 millones de personas con órdenes finales de deportación que no han podido ser retornadas, ya sea porque sus países de origen no las aceptan o porque persiste la posibilidad de algún alivio migratorio. Si bien el número de deportaciones bajo Barack Obama superaba las 400,000 anuales, muchas correspondían a cruces fronterizos recientes, mientras que el reto actual —que el presidente electo Donald Trump en su momento señaló— es expulsar a quienes ya llevan tiempo establecidos en el país.
Por otra parte, más de 7.6 millones de inmigrantes se encuentran en procesos de deportación o con órdenes finales pero no están detenidos, continuando así su tránsito por el sistema migratorio sin una resolución inmediata.
